elmundo.es – El arquitecto de Santa Coloma de Gramenet, Lluís Falcón, advirtió el alcalde la ciudad, Bartomeu Muñoz, a través de una conversación telefónica recogida en el sumario del ‘caso Pretoria’ que podían tener problemas con los fondos de cohesión de la Unión Europea.

La llamada la hizo Muñoz a Falcón y éste último dice «cómo venga la Unión Europea y nos mire, a Carmen, la joden porque ella ha firmado todas las actas y en el Ayuntamiento de paso». La conversación se produjo el 25 de junio del 2009 y la realizó el alcalde del municipio. Falcón explica que los fondos se han utilizado para un paquete de viviendas y alerta a Muñoz de que en este asunto tienen un «problema grave en potencia que se tiene que resolver». El alcalde dice: «Pues que espabile quien tenga que espabilar».

Concretamente, la trama se benefició de fondos europeos de cohesión solicitados por el Ayuntamiento de Santa Coloma para un proyecto de ‘Recuperación ambiental’ del sector sur del municipio, según consta en el informe de la Guardia Civil incluido al sumario.

Bartomeu Muñoz

La Comisión Europea concedió al Ayuntamiento 6.106.567 de euros en el 2001 de los que la empresa pública Gamepark acabó recibiendo 1.227.983 en el 2007 en concepto de expropiaciones, aunque nunca las justificó debidamente. En enero del 2009 la empresa solicitó al Ayuntamiento 667.100,94 euros más de la Ley de Barrios (por|para) nuevas expropiaciones, pero cuando presentó una (mesa|tabla) exel con los afectados, había personas incluidas a la lista del 2007.

Según la relación de la Guardia Civil, Santa Coloma obtuvo los fondos europeos en 2001. En octubre del 2003 la Comisión Europea modificó el proyecto a petición del Ayuntamiento porque algunas actuaciones no se podían hacer a causa de la construcción de la Línea 9 del metro.

A los plenos del 30 de mayo del 2005 y del 30 de enero del 2006 el Ayuntamiento aprobó la relación individualizada de fincas de la avenida Santa Roda y la calle Sardana que había que expropiar, y declaró Gamepark como beneficiario de la expropiación, de manera que la empresa era la que expropiaba, se hacía responsables de los gastos derivados de esta expropiación, y las fincas pasaban a ser de su propiedad.

Como aparentemente los costes de las expropiaciones eran superiores a los beneficios de Gamepark en la venta de los pisos y aparcamientos que se tenían que construir, para compensar el déficit se transfirió a Gamepark la subvención íntegra.

La oposición de la interventora

No obstante, según el informe, la interventora «no quería hacer este traspaso porque nunca acreditaron los datos», de manera que el 21 de diciembre del 2007, «mientras la interventora se encontraba de baja maternal y el secretario general del Ayuntamiento, Javier Ezquiaga hacía de interventor», el Ayuntamiento hizo una transferencia a nombre de Gamepark por valor de 1.227983 euros, que «correspondía a la totalidad de dinero que la Comisión Europea había otorgado en concepto de expropiaciones».

Según el informe de la Guardia Civil «evidentemente este pago no tenía ninguna justificación de las expropiaciones y no tan sólo se tramitó como un adelanto a Gamepark».

En enero del 2009 Gamepark manifestó que se le tenían que pagar nuevas expropiaciones de la Ley de barrios por un importe de 667.100,94 «porque necesitaba este dinero para levantar unas hipotecas de personas expropiadas que tenían que ir realojadas».

La interventora del Ayuntamiento pidió entonces que Gamepark detallara las personas y las fincas que estaban afectadas y el volumen de las hipotecas a levantar, y la respuesta fue un informe donde aparecían personas afectadas por los fondos de cohesión que el Ayuntamiento ya había pagado.

Según el informe de la Guardia Civil, casi todos los expropiados firmaron dos días antes de finalizar el ejercicio económico del 2007 porque era la fecha límite que establecía la UE para efectuar los pagos financiados con fondo de cohesión.

En la manifestación testifical, a la ex interventora del Ayuntamiento Maite Carol apuntó que considera que Gamepark se gastó el dinero de los fondos de cohesión en otras cosas a la espera de poder conseguir tesorería para poder levantar las hipotecas de pisos donde tenían que ir realojados los expropiados.

En su declaración como imputado el ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, apunta que no tiene conocimiento que se haya producido alguna irregularidad con respecto a los fondos de la UE.

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