Un año después, el juez archivó las diligencias abiertas por tráfico de drogas contra los marroquís que residían con el fallecido porque la sustancia que se incautó en su piso no fue reconocida por ellos y no se pudo localizar a ningún testigo que acreditara que allí se vendían sustancias estupefacientes.

El fiscal pide además cuatro años de inhabilitación y de privación del derecho de tenencia de armas para el acusado, así como que indemnice a la esposa y las dos hijas de la víctima con 181.000 euros en total y que se declare como responsable civil subsidiaria a la Generalitat.

En la causa se han personado dos acusaciones particulares -la de la familia del fallecido y la de sus compañeros de piso- y una acusación popular, en nombre de la comunidad de inmigrantes de Santa Coloma. Todas ellas coinciden en solicitar cuatro años de prisión para el agente por homicidio imprudente, han informado fuentes judiciales.

El policía acusado fue el primero en entrar en el piso junto a un sargento. Se detuvo junto a la cama en que dormía el fallecido, quien procedió a incorporarse aún somnoliento y, desoyendo el alto policial, «se alzó, cogiendo la mano con la que empuñaba el arma el agente, e iniciando con el mismo un forcejeo», según el fiscal. El fallecido, Farid B. D., de 35 años, cayó sobre la cama arrastrando hacia él al agente, cuya pistola se le disparó.

MossosLogoElPeriodico – El fiscal pide dos años de prisión por homicidio imprudente para el cabo de los Mossos d’Esquadra David G., que será juzgado el miércoles en la Audiencia de Barcelona acusado de haber matado en mayo del 2004 de un tiro accidental a un sospechoso con quien forcejeó durante un registro en busca de drogas.

En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal mantiene que el agente «optó por llevar el arma sin el correspondiente seguro» durante el registro a la vivienda de Santa Coloma de Gramenet, en la que el fallecido, de origen marroquí, dormía junto a otros seis compatriotas.

La entrada en el domicilio de la víctima tuvo lugar a las siete de la mañana del 27 de mayo del 2004. En ella participaron otros siete agentes de la policía autonómica que, acompañados de un secretario judicial, procedieron a registrar el piso en una operación antidroga.

 
 
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