Las incógnitas del caso Pretoria, sin respuesta tres años después
- Una veintena de ex altos cargos y empresarios están imputados por actividades urbanísticas en los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneras que habrían causado un agujero de 44,7 millones de euros
Santa Coloma de Gramenet. (Redacción).- Han pasado tres años y las dudas sobre el caso Pretoria aún no se han resuelto. Después del revuelo causado el 27 de octubre de 2009, que se saldó con nueve detenciones por una presunta trama de corrupción urbanística a través de operaciones realizadas en Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneras, la investigación aún no se ha cerrado. Precisamente estos días se ha dado a conocer que una de las investigadas en la operación Mercurio -trama que ha estallado esta semana en Sabadell por presunta corrupción urbanística- es la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, que accedió al cargo en junio de 2010 después que dimitiera el anterior alcalde socialista César Arrizabalaga cuando su nombre apareció relacionado con el caso Pretoria.
Entre los imputados en el caso Pretoria se encuentran el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, el exdiputado del PSC Luis García Luigi y los exaltos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Las actividades de los imputados provocaron presuntamente que los tres ayuntamientos implicados dejaran de ingresar 44,7 millones de euros.
La investigación, iniciada por el juez Baltasar Garzón que más tarde continuó Pablo Ruz, imputó a los principales procesados los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal.
El pasado mes de julio, el juez de la Audiencia Nacional archivó la causa contra el concejal de Sant Andreu de Llavaneras, Antoni Jiménez, y el ex alcalde de este municipio Víctor Ros. Tres meses antes, en abril, lo hizo con Lluís Casamitjana, de la empresa Espais, investigado por las irregularidades en la compra de un solar en el puerto de Badalona con la que el ayuntamiento habría dejado de ingresar 14 millones de euros. Precisamente, en Badalona se imputó al ex consejero delegado de la empresa que gestiona el puerto -Marina Badalona- Juan Felipe Ruiz. Ruiz se pronunció ante los medios de comunicación hace dos meses convencido de que la operación respondía a un plan para eliminar altos cargos socialistas de la primera línea política.
En este caso, las investigaciones también se basaban en conversaciones telefónicas mantenidas entre los exaltos cargos, teniendo como centro de operaciones al considerado cerebro de la trama, Luis García, en libertad desde abril de 2010.
