• La alcaldesa insta a alquilar o vender bajo riesgo de sanciones de hasta 900.000 EUR
  • La socialista Parlon aplicará la ley del tripartito para atajar ocupaciones ilegales

ElPeriodico – Los problemas sociales y de convivencia que causan los desahucios, las viviendas vacías y las ocupaciones ilegales no paran de agravarse. Los ayuntamientos intentan actuar ante esta situación desde diversos frentes. El de Santa Coloma de Gramenet, que preside la alcaldesa socialista Núria Parlon, anunció ayer un plan pionero especialmente contundente y expeditivo. El municipio exigirá a los bancos dueños de pisos que hayan estado más de dos años vacíos que los pongan en alquiler a través de la bolsa social del municipio o de otros canales, o que los vendan a precios ajustados. Para cumplir tal exigencia se aplicará la ley catalana de la vivienda aprobada durante los años del tripartito de izquierdas en la Generalitat, una norma que prevé sanciones de hasta 900.000 euros.

El ayuntamiento ha abierto ya en los últimos tres meses 57 expedientes por pisos que causan conflictos con las comunidades de vecinos por su situación irregular: ocupación ilegal, ruidos, daños en los espacios comunes de los bloques, conexiones fraudulentas de electricidad y actividades molestas, como acumular residuos, o fuera de la ley, como pensiones sin permisos ni servicios. En este plan de actuación municipal directa contra el «mal uso de las viviendas», que seguirá hasta completar en otoño las zonas más degradadas de la ciudad, se ha constatado que gran parte de los pisos son de entidades financieras.

Los significativos resultados obtenidos hasta ahora en esta campaña exhaustiva de inspecciones contrastan con la existencia en Santa Coloma de una lista de espera de más de 400 personas en la bolsa de alquiler social de la oficina local de vivienda. Como sea que muchos de los pisos que los bancos mantienen sin usar llevan bastante más de dos años vacíos y ello es una «infracción muy grave al incumplir la función social de la vivienda», según fija la citada ley, Parlon ha optado por actuar con mano dura.

EXPEDIENTES / En unos pocos meses, cuando se tengan datos más completos del departamento de disciplina urbanística y también de la policía local, el ayuntamiento exigirá a los bancos que desbloqueen los pisos más antiguos, en especial los conflictivos. Si las entidades financieras no responden, se iniciará con rapidez la tramitación de expedientes sancionadores. Parlon y el teniente de alcalde de Urbanismo, Jordi Mas, destacaron ayer la importancia de las sanciones previstas en la ley.

En el equipo que aplica este plan a partir de las quejas vecinales figuran también los servicios municipales de mediación y atención social. Según el análisis que realizan se deriva el caso hacia áreas de asistencia o bien hacia la inspección policial y urbanística para abordar los hechos ilegales o fraudulentos.

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