Santa Coloma expedienta a Vela y Falcón por su imputación en ‘Pretoria’
elmundo.es – El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ha decidido abrir expedientes sancionadores a Pascual Vela y Luis Falcón, los dos trabajadores del consistorio imputados en el ‘caso Pretoria’ y a los que no se puede despedir al tener plaza de personal laboral.
Tras la imputación en el ‘caso Pretoria’, la alcaldesa sólo relevó a Vela y Falcón de sus funciones directivas y tras expedientarles, un despacho de abogados externo, contratado por el propio Ayuntamiento, será el encargado de definir en los próximos días las medidas disciplinarias que se les aplicarán.
Pese a abrir el expediente, los dos ex altos cargos tienen derecho a mantener sus plazas como empleados públicos en régimen laboral, un hecho, según Núria Parlón, que ha provocado una reestructuración de personal bastante polémica.
«Los condicionantes provocan que la recolocación de estos trabajadores parezca un premio, pero en su plaza de origen tenían personal a su cargo y incidían en la contratación», asegura Parlón.
En este sentido, la alcaldesa colomense también precisó que en los casos de Vela y Falcón el Ayuntamiento «están obligado por la ley a mantener la categoría profesional reconvirtiendo las plazas».
Los expedientes son uno de los puntos más destacados de un programa de medidas para mejorar el control, la eficacia y la transparencia que el consistorio colomense ha presentado después de levantarse el secreto de sumario del caso Pretoria y que se añaden a las que Núria Parlón anunció en su investidura como alcaldesa.
Para mejorar la eficacia y el control se creará una comisión de seguimiento, formada por todos los partidos políticos que lo deseen y que se reunirá periódicamente para que los abogados del Ayuntamiento informen de todo aquello relacionado con el proceso que afecte a los intereses de Santa Coloma de Gramenet.
«Su objetivo es que no se vuelva a repetir nunca nada parecido al caso Pretoria», ha sentenciado la alcaldesa de Santa Coloma, que ha anunciado además la fiscalización de toda la actividad administrativa del Ayuntamiento a través de un plan de auditorías para comprobar que el uso que se hace de los fondos públicos es el correcto.
También se mejorará en la contratación de obras y servicios y la selección y promoción de personal, dos de las áreas donde se han producido las mayores irregularidades en el caso Pretoria de presunta corrupción urbanística.
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